¿En qué consiste esta campaña?

El sistema eléctrico chileno fue pionero en la desagregación de la industria en tres áreas: generación (competitiva), transmisión (monopolio natural) y distribución (monopolio natural). Esa separación fue rápidamente adoptada por la mayor parte de los países con mercados abiertos.

En cuanto a los tipos de consumidores, la ley los separó en dos categorías: “libres” quienes podían negociar libremente con su suministrador (normalmente una empresa de generación) o tener generación propia, y “regulados” a quienes la empresa de distribución local debía ofrecerles una tarifa definida por el Estado, protegiendo de esta manera a ese consumidor.

La separación se realizó en función de la potencia conectada, la cual daba cuenta del tamaño del consumidor. Es así que para ser cliente libre se debía tener una potencia conectada de más de 5.000 kW y los clientes regulados una potencia conectada de menos de 500 kW. Aquellos clientes que estaban entre 5.000 kW y 500 kW podían elegir ser cliente libre o regulado, pudiendo cambiar de categoría con un aviso de al menos de 12 meses y habiendo permanecido al menos 4 años en la categoría.

Al momento de redactarse la Ley, quienes estaban conectados a las redes de distribución generalmente tenían en la práctica una sola alternativa de suministro: la empresa distribuidora local.

El supuesto detrás de esa restricción para los clientes regulados, aquellos clientes de menos de 500 kW, era que éstos NO tenían capacidad negociadora frente a la empresa distribuidora o la posibilidad de proveerse de electricidad de otras formas. Curiosamente esta regla aplica incluso a cadenas minoristas, quienes no obstante tener una gran capacidad de negociación están impedidas de hacerlo como también aquellas industrias con diversas plantas o vías de alimentación.

La irrupción de las empresas comercializadoras, con una oferta de energía más barata, provocó una verdadera estampida de clientes regulados, con potencia conectadas de más de 500 kW, solicitando su traspaso a clientes libres. En la actualidad, múltiples industrias, de diversos sectores productivos, que cumplían con el requisito han podido contratar libremente su suministro, logrando rebajas de hasta un 30% en el costo de la energía.

Hoy, cuando existen múltiples empresas que pueden dar ese suministro, ¿tiene sentido mantener el límite de 500 kW que ha quedado obsoleto?

Está en manos del Gobierno activar el procedimiento de cambio de límite de potencia, que está establecido en la Ley de Servicios Eléctricos, y así brindar un importante alivio económico a alrededor de 179.960 pymes ya que éstas podrían negociar libremente sus condiciones de suministro.